Abel Alcalá H.
Un país, una entidad, una ciudad en donde la queja social es el pan de cada día, es prueba irrefutable de que los servidores públicos no son las personas idóneas para gobernar, y que el cargo público que ocupan rebasa su capacidad profesional.
Para fundamentar la incompetencia de los servidores públicos actuales y pasados recientes, echemos una mirada al origen de la queja social.
La queja social nace cuando las personas o las comunidades perciben que algo valioso no está bien, que hay una injusticia, una falta o un daño que afecta su vida en común. Sus orígenes principales son:
– La insatisfacción con lo que falta o con lo que está mal: Cuando no se cubren las necesidades básicas —como seguridad, salud, empleo, servicios públicos y educación— o cuando los recursos se reparten de forma injusta, surge la inconformidad. La queja empieza como una señal de que el bien común se está descuidando.
– La percepción de injusticia o desigualdad: Cuando se observa que hay personas que reciben un trato preferencial, que las leyes no se aplican igual para todos o que quienes tienen poder abusan de su posición, la queja social crece. No se trata solo de carencia, sino de que lo que ocurre no es justo.
– El incumplimiento de compromisos y expectativas: Cuando las autoridades o las instituciones no cumplen lo que prometieron, no rinden cuentas o ignoran las necesidades de la comunidad, se rompe la confianza. La queja surge como recordatorio de que hay responsabilidades que no se están cumpliendo.
– La falta de escucha y participación: Cuando a la comunidad no se le consulta, no se le toma en cuenta para las decisiones que le afectan o sus voces son ignoradas, la queja se convierte en una forma de decir: «También nosotros contamos».
– El daño a los bienes comunes: Cuando se deteriora el entorno, los espacios públicos, la naturaleza y la seguridad del lugar donde se vive, la queja nace del amor y el cuidado por el pueblo o la región: es el deseo de proteger lo que es de todos.
En resumen: la queja social no es simple inconformismo. Su origen más profundo es el deseo legítimo de vivir mejor, con justicia, respeto y dignidad. Cuando la queja se expresa de forma constructiva, no destruye: llama a corregir, a mejorar y a restaurar lo que conviene al bien común.
Si el pueblo —a nivel nacional, estatal y municipal— padece el incumplimiento, la insatisfacción, las injusticias, la demagogia, la falta de consulta y el daño a los bienes comunes, su deber es tomar acciones que ayuden a corregir todos esos males.
De la experiencia obtenida con servidores públicos, designados y electos, de administraciones pasadas y presentes, surge la exigencia de que las acciones sean concretas y perentorias.
Tomando en cuenta las características de cada asunto que deba corregirse, mejorarse o suspenderse, se pondrán por escrito las acciones a realizar y, en el mismo documento, se señalará el plazo de entrega.
Si las acciones pactadas y el plazo señalado no son del todo satisfactorios para la población, el funcionario —electo o designado— deberá presentar su renuncia de inmediato al cargo y enfrentar su responsabilidad.
Basta que funcionarios y legisladores que ocupan cargos públicos lesionen al pueblo, que vive entre lamentos, agravios, ofensas, burlas y demagogia. El pueblo, conjuntamente con las asociaciones empresariales y los colegios de profesionales, debe poner un alto a tanta mediocridad, corrupción y extorsión de los servidores públicos incompetentes. Usted. lector, dice la última palabra.






